Julio, 2022.- El Centro de Derechos Humanos de la UCAB (CDH-UCAB) hizo público, el 08 de agosto del 2022, su reporte “De las “megaelecciones” a la detención masiva de sindicalistas: situación general del derecho a la participación en Venezuela”, respectivamente.
La ausencia de independencia judicial, en particular, y entre los poderes públicos en general, comprometió una vez más el proceso electoral. Uno de los hechos más relevantes que retrata la falta de autonomía e independencia de los poderes públicos es el papel del Tribunal Supremo de Justicia. Como hemos abordado en informes anteriores, la ausencia de una institucionalidad democrática deriva en prácticas arbitrarias, ilegales y parcializadas a los intereses del partido de gobierno.
La necesidad de criterios y políticas ajustadas al Estado de Derecho así como a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, son necesarias para construir un sistema eficiente. Donde se garantice la práctica los derechos civiles y políticos, y con ello consolide una estructura que respete y proteja la totalidad de los derechos humanos. La participación como derecho humano es un elemento sustancial para promover y concretar la intervención de los diferentes sectores del país.
Se observa una persecución hacia activistas y miembros de partidos políticos se mantiene. La organización Centro Justicia y Paz – Cepaz indicó que al menos 30 personas fueron sometidas a diferentes esquemas de hostigamiento por su labor partidista. Asimismo el 4 de junio un grupo de activistas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) arremetió contra los organizadores de un evento en Maracaibo.
Cabe considerar, por otra parte las restricciones escalan a diferentes espacios de la sociedad civil, incluidas las organizaciones humanitarias y de derechos humanos. Como consecuencia afecta las garantías para la libertad de asociación, sea por vía de hecho, a través de iniciativas legales o administrativas. Siendo confirmadas por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en su más reciente informe sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos.
El proyecto de ley de cooperación internacional contempla la exclusión de los derechos humanos como área legítima de cooperación.
Uno de los hechos acontecidos es el proyecto de ley de cooperación internacional (PLCI). Este instrumento estado orientado a amenazar la existencia e independencia de las organizaciones e iniciativas autónomas. El PLCI contempla la creación de un nuevo registro obligatorio para las organizaciones que puede exigir cualquier tipo de información, sin limitaciones que protejan el derecho.
Cabe resaltar que en el reciente ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) ante el Sistema de Naciones Unidas, el Estado venezolano rechazó 59 recomendaciones relacionadas con compromisos internacionales e institucionalidad democrática. Estas incluyen temas como la independencia de los poderes públicos, las elecciones democráticas, el restablecimiento de medios cerrados arbitrariamente o la liberación de personas detenidas por motivos políticos. Esta conducta frente al proceso del EPU da cuenta de la ausencia de voluntad estatal para cumplir las obligaciones nacionales e internacionales en materia de DDHH.