Derecho a la participación en Venezuela.

Febrero 2026.

Iniciar un proceso real de reestructuración democrática en Venezuela pasa necesariamente por la ejecución de acciones concretas por parte del Estado que: 1) brinden legitimidad a la narrativa de convivencia planteada por las autoridades; 2) prueben con hechos concretos el cambio de condiciones para dar paso a la reconfiguración de un poder público independiente, transparente y justo en el marco constitucional del Estado de Derecho; y 3) eviten la instrumentalización de iniciativas que desvirtúen los procesos y extiendan las violaciones a los derechos humanos.

La Ley de Amnistía es un primer paso insuficiente. La participación de los distintos sectores fue atropellada ante la falta de antelación y organización para las consultas, que fueron escasas para la magnitud e importancia de una legislación de este tipo. El proyecto no se difundió amplia y oportunamente, antes y durante su discusión, mientras que el trato criminalizante hacia las personas convocadas derivó en dinámicas de revictimización.

El derecho a participar directa o indirectamente en los asuntos públicos  exige un entorno en el que todas las personas ejerzan plenamente el conjunto de los derechos humanos, en particular los derechos a la igualdad y la no discriminación, a la libertad de opinión y de expresión y a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

El derecho a participar requiere que se proteja en todo momento la vida, la integridad física, la libertad, la seguridad y la privacidad de todas las personas y sectores de la sociedad, incluidos activistas, liderazgos sociales, sindicalistas, estudiantes, trabajadores/as, periodistas, trabajadores de la comunicación, usuarios/as de medios digitales y personas defensoras. Esto también supone el establecimiento de condiciones para que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales estén garantizados.

Cesar las graves violaciones a los derechos humanos implica no solo la decisión política de detener las violaciones, sino que requiere desmantelar un sistema estatal configurado para la represión y el abuso de poder. La liberación plena de todas las personas detenidas arbitrariamente y por motivos políticos es un proceso cuya inmediatez depende de la voluntad de las autoridades. Suspender las medidas represivas es el primer paso de un proceso largo de restitución de derechos, que debe estar orientado a la memoria, la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición.

Las siguientes acciones son de urgente ejecución por parte del Estado venezolano para iniciar un proceso de restitución democrática en el país. Plantean el inicio de una reestructuración institucional que requiere medidas y políticas adicionales a mediano y largo plazo. No están condicionadas entre sí, por lo que pueden llevarse a cabo de forma simultánea.

1. 1. 1. Otorgar libertad plena a todas las personas detenidas arbitrariamente por ejercer de forma legítima sus derechos a la asociación y reunión pacíficas, libertad de expresión, opinión e información y libertad de movimiento.
      2. Derogar leyes restrictivas, entre las prioritarias están: -La Ley contra el odio, por la convivencia pacífica, y la tolerancia; -La Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales, y organizaciones sociales sin fines de lucro; -La Ley Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela.
      3. Cesar la vigilancia por parte de funcionarios policiales y militares, así como grupos de civiles armados. Esto implica acabar de inmediato la revisión ilegal de teléfonos celulares, así como las amenazas y prácticas extorsivas derivadas de tales acciones.
      4. Garantizar el acceso efectivo a la información de interés público en manos de todas las entidades y organismos públicos. Esto implica también ajustar la ley de transparencia y acceso a la información pública a los estándares internacionales del derecho.
      5. Suspender los bloqueos ilegales a páginas web de medios de comunicación, plataformas digitales y aplicaciones de mensajería instantánea que impiden la libre comunicación y difusión de contenidos.
      6. Cesar el cierre arbitrario de medios de comunicación, restituir o reasignar legalmente las concesiones que fueron suspendidas o revocadas sin debido proceso y evitar la censura directa e indirecta en cualquiera de sus formas.
      7. Permitir libremente y sin discriminación los registros de las organizaciones sociales, no gubernamentales y sin fines de lucro, así como facilitar sin interferencias indebidas las actualizaciones administrativas que correspondan. Esto implica derogar la mencionada Ley de Fiscalización, las providencias 001 y 002 de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y demás regulaciones restrictivas.
      8. Cesar de inmediato las prácticas de intimidación, hostigamiento y evitar la delación como forma de control social por parte de grupos que actúan bajo la anuencia estatal para reprender el ejercicio de libertades civiles y políticas, e iniciar investigaciones serias e imparciales de estos hechos.
      9. Restituir la autonomía y legalidad de las organizaciones con fines políticos. Esto implica devolver de manera inmediata el uso de siglas, símbolos y tarjetas electorales a sus dirigencias legítimas, así como cesar el uso de inhabilitaciones administrativas arbitrarias y derogar las que estén activas.
      10. Garantizar la infraestructura básica como derecho habilitador. Asegurar la estabilidad de la conectividad a internet como condición mínima necesaria para facilitar la participación digital.
      11. Promover políticas estructurales que permitan recuperar el poder adquisitivo de la población, que se orienten a la pronta restitución del sistema de salud y educación públicas, así como al cese inmediato de prácticas que afectan los derechos ambientales en zonas vulnerables.
      12. Iniciar una reforma institucional integral y genuina, orientada a restituir la autonomía e independencia de los poderes públicos, incluidos: Sistema Judicial, Ministerio Público, Contraloría, y el Consejo Nacional Electoral.